por Despachos de parlamentarios andinos Alberto Adrianzén e Hilaria Supa.
El número de los migrantes internacionales se ha prácticamente triplicado en el planeta desde los 75 millones en el año 1965 hasta los 215 millones en la actualidad. La Unión Europea tiene 70 millones de migrantes mientras que Estados Unidos de Norteamérica, 42 millones. En conjunto, son el 3% del total de la población mundial y podrían constituir el quinto país más poblado del mundo. De ellos, 30 millones son latinoamericanos.
Aunque se trata de un fenómeno heterogéneo y con múltiples causas, encuentra explicaciones importantes en la persistente y enorme desigualdad económica, política y cultural entre países y regiones del mundo, existiendo hasta 15 veces de diferencia en un salario por un mismo trabajo en zonas del mundo muy cercanas geográficamente pero con abismos de injusticia entre sí. A la vez, el avance y abaratamiento del transporte y las comunicaciones, inédito en la historia humana, permite que un millón y medio de personas viajen en líneas aéreas comerciales las 24 horas, y, mientras escribimos estas palabras, una gran ciudad virtual se mueve alrededor del planeta.
Ciertamente, la migración nace con el ser humano, sin embargo, en la actualidad presenciamos su creciente diversificación, con 15 millones de refugiados, 27 millones de desplazados, 4 millones de víctimas de tráfico ilícito de migrantes, 10 millones de víctimas de trata de personas y más de 30 millones de irregulares. Como parte de esta diversificación, los flujos migratorios se han feminizado, mientras que las mujeres eran el 46% en 1960, hoy representan el 49.6% de la migración mundial, creciendo en Europa al 53% y en América Latina al 51%, con tendencia a aumentar en el futuro. Y, más significativamente aún, ya no acompañan al hombre, como antes, ahora viajan solas y son autónomas.
La Comunidad Andina tiene 10 millones de migrantes, el 10% de su población; Colombia, 4.5 millones; Perú, 3 millones; Bolivia, 2 millones; Ecuador, 1.5 millones, y 3 millones de ellos residen en otros países de la misma Comunidad. Estos migrantes, en conjunto, envían 10 mil millones de dólares anuales a la Comunidad en remesas, de los cuales Colombia recibe 4.000 millones de dólares; Perú y Ecuador, 2.500 millones cada uno; y Bolivia, 1.000 millones.
El Perú tiene 60.000 inmigrantes, es decir extranjeros que viven en el país, 1 por cada 51 emigrados peruanos al exterior. De nuestros 3 millones de migrantes, se estima que el 50% está en situación irregular. Ellos representan 754.000 electores habilitados para votar en elecciones presidenciales y congresales, envían 2.500 millones de dólares anuales en remesas al Perú, las que abonan 500 millones en IGV al Estado. Nuestros migrantes pagan el 56% de los servicios consulares con los costos de sus trámites. Tienen 705 mil hogares, con 2 millones 800 mil familiares en el Perú. Geográficamente, sólo 3 del total de 1.834 de distritos de Perú no presentan emigrados.
Estas razones, junto a los mandatos irrenunciables de las leyes nacionales y los tratados internacionales legalmente adoptados, imponen al Estado peruano el deber de promover y garantizar los derechos de estos connacionales, a través de políticas públicas con enfoque de derechos, género e interculturalidad. Ello permitirá fortalecer la institucionalidad democrática y adecuar el Estado a los nuevos desafíos que imponen la globalización y las realidades emergentes del siglo XXI, así como articularse mejor con la estrategia nacional de desarrollo, inclusión social y superación de la pobreza, con que el país busca actualmente resolver problemas estructurales arrastrados desde el inicio de la República y antes.
El presente informe se inscribe en este esfuerzo nacional y regional, en particular, el referido a la política pública para los connacionales emigrados, elaborado en mi despacho parlamentario, el que, junto al estudio sobre la política pública para enfrentar al flagelo de la trata de personas, elaborado en el despacho de la parlamentaria Hilaria Supa, representan el compromiso pleno y activo del Parlamento Andino en la lucha por lograr estos objetivos históricos que benefician a los emigrados, sus familias en Perú y el conjunto del país y la región.
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Equipo editorial